La complejidad, la casuística, la enorme cantidad de bienes patrimoniales, incluso no censados y de diversos usos, tanto por parte de la Iglesia como de otras entidades, políticas, sindicales, entidades con finalidades no lucrativas u otras, aconsejan un debate de fondo, más que una reforma precipitada.
Reclamar el IBI, aparte de meternos en un berenjenal complicado, es quedarnos a medio camino de una reflexión necesaria que, precisamente para ser fieles al espíritu de Jesús, debería incluir las siguientes cuestiones:
1. Las relaciones del Estado con Iglesia católica deben ser las mismas con las que se regula la relación del Estado con las otras entidades privadas. Lo exige la neutralidad del Estado y el respecto a la conciencia del conjunto de los ciudadanos. La Iglesia, en consecuencia, debe ampararse bajo la misma normativa legal que las otras entidades civiles. No queremos privilegios de ninguna clase.
2. Esto supone la denuncia del Concordato de 1953 que consagró el nacionalcatolicismo y los Pactos de enero de 1979, continuación del Concordato, que otorgan a la Iglesia un trato de favor con indiscutibles y enormes privilegios políticos, culturales y económicos, de los cuales el IBI es solo una pequeña parte.
3. La neutralidad del Estado no supone relegar la religión al ámbito de lo privado. Cualquier ciudadano tiene derecho a expresar públicamente sus creencias filosóficas, políticas, religiosas, artísticas o deportivas y a organizarse según sus afinidades para expresarlo públicamente. Es obligación del Estado velar por la libre expresión y respeto de todas ellas sin diferencias ni privilegios.
4. Ante la política indiscriminada de recortes, es un escándalo ante la sociedad, y para los cristianos profundamente hiriente, que la única entidad que se salve de los recortes sea la Iglesia y que la jerarquía, por su parte, se niegue a dar un primer paso para dar ejemplo.
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