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¿Cuál es el papel de la Iglesia en una sociedad laica y secularizada?
Ésta sigue siendo una problemática sin resolver casi treinta años
después de la aprobación de la vigente Constitución Española. La
estrecha vinculación entre la Iglesia y el Estado es lo que caracteriza
al Estado confesional, en el que la primera juega un papel determinante
en el orden político institucional. La doble identidad confesional y
religiosa, propia de una sociedad y Estado católicos, exige que las
leyes y ordenaciones políticas sean evaluadas por la Iglesia, ya que
ésta tiene autoridad para legitimarlas o rechazarlas.
En cuanto que el orden político es también confesional, no hay autonomía
de éste respecto del religioso. Por otra parte, el Estado confesional
está obligado a defender a la iglesia oficial y ésta a exigir que no se
tolere el error, es decir, la difusión de doctrinas y valores
incompatibles con sus doctrinas. En el orden político de un Estado
secularizado y laico impera la estricta división de poderes, así como la
autonomía del Estado y de la Iglesia, cada uno con sus propias
competencias. En el orden político institucional la Iglesia no tiene
ningún papel, ya que su lugar es la sociedad en la que juega un papel
como institución y como comunidad.
Si no está de acuerdo con algunas leyes puede luchar para cambiarlas por
el mismo medio que el resto de los ciudadanos: el debate público, la
argumentación, y la creación de un estado de opinión desde el que se
pueda presionar al orden político y dentro de él al Estado. En cuanto
que no somos súbditos sino ciudadanos todos podemos intervenir en los
debates políticos e intentar influir en ellos, e indirectamente en el
Estado y el Gobierno. Desde esta perspectiva el problema de la unidad de
España, de las formas políticas que tiene que asumir el Estado y de la
viabilidad o no de los nacionalismos tiene una doble dimensión. Por un
parte, es un problema estrictamente político e institucional, en el que
la Iglesia como institución no tiene por qué intervenir.
El cristianismo es compatible con una España como la actual pero también
con otro modelo, siempre que respete los derechos humanos y los valores
democráticos. El bien moral no es una forma concreta de Estado que haya
que defender contra todas las posibles alternativas, sino la democracia
en sí misma (contra toda imposición sobre la voluntad popular).
Cualquier forma de elección política que elijan los ciudadanos
libremente es compatible con el catolicismo, como lo sería, en caso
dado, la independencia de una comunidad española, si se lograra de forma
pacífica, democrática y libre. El cristianismo no depende de las formas
de Estado y es compatible con cualquier régimen político que asegure las
libertades, incluido el de las mismas iglesias.
El papel de la Iglesia no es velar por la unidad española y rechazar
cualquier posible alternativa, ya que no hay un Estado confesional, sino
defender la democracia, la participación libre de los ciudadanos y que
cualquier decisión que se tome sea el resultado de un consenso libre,
sin violencia y sin chantajes e imposiciones de ningún tipo. Lo que hay
que defender desde una perspectiva eclesial no es un orden político
dado, una forma de estructurar al Estado, sino el carácter democrático y
la libre participación, sin coacciones, de todos los ciudadanos, que es
la que asegura todos los derechos, incluido el de libertad de expresión
y el de libertad religiosa.
Naturalmente los ciudadanos católicos pueden y deben expresar su opinión
sobre todos los problemas, obispos incluidos, y tener sus preferencias
políticas por una forma del Estado. Pueden o no estar de acuerdo con una
decisión política y procurar cambiarla. Pero no se puede confundir la
opción política de cada uno, sea obispo o laico, y presentarla como la
de la «Iglesia», porque ésta no es la jerarquía sino la comunidad de
todos los católicos, y éstos, a su vez, tienen pluralidad de opciones
políticas.
No hay una «opción política de la Iglesia» y cuando alguien confunde su
propia opción política con la de la comunidad a la que representa, hay
una politización de lo eclesial y una pretendida confesionalización del
orden político, que nos retrotrae a lo que oficialmente está superado,
el Estado confesional católico que concede a la Iglesia el derecho al
control y supervisión del mismo orden político.
Desgraciadamente esto es lo que pretenden algunos sectores del
catolicismo actual y ésta es también una de las causas de que la Iglesia
aparezca como una de las instituciones menos valoradas por amplios
sectores de la sociedad española. Y es que mucha gente, también muchos
católicos, no quieren volver a un orden político tutelado por
eclesiásticos, porque éste pertenece al pasado.
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